Por Genaro Moreta Jr
Barahona.– La reciente sentencia No. 1225-25 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la penalización de la sodomía establecida en los códigos de justicia militar y policial, ha generado un amplio debate social con opiniones encontradas sobre su alcance y efectos.
La sodomía, definida en dichas leyes como el concubinato entre personas del mismo sexo dentro de cuerpos castrenses, estaba sancionada con penas de prisión que variaban según el rango del agente.
Con la decisión, se suprime esta figura penal que por décadas formó parte del régimen disciplinario militar y policial.
El jurista Iván Ariel Gómez Rubio explicó que el Derecho, como ciencia en constante evolución, se ve influido por corrientes doctrinales, organismos internacionales y tendencias globales que impulsan la despenalización de relaciones entre personas del mismo sexo.
Citó jurisprudencias internacionales, como el caso Perkins y R. vs. Reino Unido (2002), y decisiones de la ONU que consideran arbitraria la criminalización de la homosexualidad en adultos.
Recordó además que países como India despenalizaron la homosexualidad en 2018, demostrando que en gran parte del mundo este tipo de restricciones legales se mantiene solo por razones morales y en su mayoría en naciones árabes.
Gómez Rubio señaló que, durante la fase de consultas del Tribunal Constitucional, fueron admitidas como amicus curiae organizaciones como Human Rights Watch, Diversidad Dominicana y la Red de Litigantes LGBTI de las Américas.
Sin embargo, destacó que las iglesias católica y evangélicas no fueron escuchadas, a pesar de su interés en el tema y su preocupación por que este precedente abra paso a la legalización del matrimonio igualitario, lo cual requeriría una reforma a la Constitución, específicamente en su artículo 55.
Los amicus curiae participantes insistieron en que diversos tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíben la discriminación por orientación sexual y respaldan la igualdad ante la ley.
El jurista concluyó que el debate nacional debe darse sin presiones ideológicas y con claridad sobre los alcances reales de la sentencia, que se limita a la despenalización de la conducta y no implica cambios automáticos en otras instituciones legales.
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